Se contabilizaron más de 1.600 casos de violencia institucional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo largo del año 2023. Según se desprende del informe anual elaborado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, en comparación con las cifras recopiladas en 2022, se registró un leve aumento de casos de enero a diciembre del año pasado. La mayoría de los incidentes implicaron violencia física y se focalizaron en la Comuna N°1 y los barrios del sur de la ciudad. El informe también alerta sobre un notable uso de la figura de resistencia a la autoridad para "encubrir detenciones arbitrarias".
El sexto informe anual del organismo, publicado esta semana, detalla que el MPD documentó en 2023 "1.632 episodios de violencia institucional en la Ciudad, cifra que supera la del 2022", cuando se contabilizaron 1.616 casos según los datos judiciales reunidos por la Secretaría Letrada contra la Violencia Institucional del Ministerio. La violencia institucional se define en el informe como aquella en la que "los agentes del Estado, mediante sus prácticas, vulneran los derechos fundamentales de las personas".
"Predominantemente, los actos fueron perpetrados por la Policía de la Ciudad en el contexto de detenciones penales en flagrancia. También hay algunos incidentes con fuerzas nacionales en los lugares donde operan, como el Barrio Ricciardelli", explica Pablo Ibarra, del área de trabajo Contra la Violencia Institucional, en diálogo con Página 12. Ibarra añade que "existen casos aislados de otros organismos de la ciudad, como servicios de salud, pero la mayoría son de fuerzas de seguridad".
De acuerdo con el informe elaborado por el departamento de estadísticas de la secretaría letrada, en el 78 % de los 1.632 casos se reportó violencia física, mientras que en el 22 % de los incidentes hubo violencia psicológica, a menudo complementada con la violencia física. El MPD aclara que "no se debe sumar porcentajes, ya que los tipos de violencia no son excluyentes, es decir, una persona puede ser víctima de violencia física y psicológica al mismo tiempo".
Los datos desglosados del relevamiento permiten analizar las áreas de la ciudad donde se concentran principalmente estos casos de violencia, siendo mucho menos frecuente en los barrios del norte de la ciudad. La Comuna N°1 concentra, con gran diferencia, la mayor cantidad de casos, con 506, seguida de los barrios del sur de la ciudad. La Comuna N°4 es la segunda con más casos registrados, con 189. Le siguen la Comuna N°7, con 148, y la N°3, con 142. Hacia el norte de la Avenida Rivadavia, ninguna comuna llega a alcanzar los cien casos en promedio, y la mayoría se sitúa incluso por debajo de los 50, como la N°6, con 26, la N°12, con 39, o la N°2, con 47.
Respecto a las comisarías, la 1C registra, con gran diferencia, la mayor cantidad de casos. Situada en San Juan y Entre Ríos, en el barrio de Constitución, acumuló 187 casos de violencia institucional en 2023. Le sigue otra comisaría de esa comuna, la 1B, en Tacuarí e Independencia, límite entre San Telmo y Monserrat, donde se reportaron 75 casos durante el año pasado. En tercer lugar se encuentra el escuadrón de gendarmería en el Ricciardelli, con 73 casos. Aunque el informe no lo especifica, Ibarra aclara que los casos registrados "incluyen tanto incidentes en la vía pública como dentro de las comisarías, pero la gran mayoría ocurren en el contexto de detenciones en la vía pública".
Un dato relevante para el análisis de los datos es la utilización de figuras como resistencia, atentado o desobediencia a la autoridad del Código Penal, empleadas como justificación para las detenciones en las que se encuadran los hechos registrados. Según el informe, el 52 % de los casos ocurrieron en el contexto de detenciones por "supuestos hechos" cometidos bajo esas figuras, "a menudo utilizadas para encubrir detenciones arbitrarias por parte de las policías y fuerzas de seguridad".
"Más de la mitad de los casos están relacionados con detenciones realizadas en flagrancia que incluyen alguna imputación por resistencia, atentado o desobediencia. Es la figura más asociada posteriormente a casos de violencia institucional, y eso nos obliga a prestar atención y decir 'algo está pasando aquí'. Aún no hemos elaborado un informe sobre el destino posterior de estos casos, pero tengo la certeza de que la mayoría terminan siendo cerrados", advierte Ibarra al respecto.
El informe del MPD también desglosa los números por variables como género, edad y nacionalidad de las personas víctimas de los casos de violencia. "El 80 % son de género masculino, el 15 % femenino y el 5 % de identidad transgénero", indica el relevamiento, que añade que la edad promedio de las víctimas es de 33 años. Aunque la gran mayoría, con el 80,4 %, son de nacionalidad argentina, también se observa una importante incidencia de violencia contra personas de otros orígenes: 371 de los 1.632 casos involucraron a personas extranjeras, principalmente de Perú, Paraguay y Bolivia.
